Cansada de buscar ayuda, una mujer golpeada teme que su ex esposo la mate.” El titular periodístico en la web Cadena 3 no admite sorpresas.
El caso de la periodista Alejandra Rubio rompió con el cerco de temor que potencia el drama: en el último año las denuncias aumentaron un 25 por ciento. El trabajo de la Corte, los cuatro tipos de agresiones y las cifras en distintas provincias.
No hace falta ver el rostro desfigurado de la periodista Alejandra Rubio luego de haber sido brutalmente golpeada por su ex esposo, delante de su hijo de 8 años, para comprobar que la problemática de la violencia de género está vigente en cualquier sector de nuestra sociedad. No acepta diferencias de estratos sociales ni salvedades entre una provincia y otra a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.
En sus declaraciones, la hija del periodista Cacho Rubio, separada desde noviembre pasado tras nueve años de matrimonio, contó que “es la primera vez que me pega; antes no pasaba de gritos y empujones”. Rubio explicó que hizo pública su denuncia porque su hijo se lo pidió: “Él fue testigo de todo. Menos mal, así me creen”, dijo entre lágrimas. Su rostro magullado y con vendas bien puede haberse convertido en el ícono para las miles de mujeres maltratadas del país.
El caso de Rubio habla a las claras de que la violencia intrafamiliar se da en todos los estratos sociales. Pero su aparición en público rompió con la idea de que las clases medias y altas, al tener poder adquisitivo, buscan tapar lo que se está padeciendo: un 25 por ciento de las mujeres que formularon denuncias pertenece a la clase media. Y la cifra alcanza el 34 por ciento entre los hombres. Durante el fin de Semana Santa, también tomó estado público el caso de la vedette Andrea Rincón, quien se hizo presente en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para denunciar a una ex pareja. “Fui a denunciar que me golpearon de nuevo. Fue una discusión que terminó con violencia. Me pegó. Me cerró de una piña la computadora. Y cuando se estaba yendo, me pegó de nuevo”, relató la ex Gran Hermano en Infama. Además, en el mismo programa televisivo, la actriz Marcela Ortiz contó las agresiones que sufrió de parte de su pareja.
Desde su creación, en el 2008, la oficina especializada de la Corte, a cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco, recibió hasta el 15 de septiembre del año pasado 12.896 denuncias por hechos relacionados con la violencia familiar en las distintas oficinas habilitadas en la ciudad de Buenos Aires. En el último año, la cantidad de denuncias creció un 25 por ciento, según un análisis del estudio de abogados Cremades & Calvo-Sotelo/Borda realizado en base a los números de la Corte.
Por otro lado, 414 personas asistieron a pedir consulta sobre otras jurisdicciones.
Entre los afectados por situaciones de violencia doméstica hay un 65 por ciento de mujeres, un 15 por ciento de niñas, un 14 por ciento de niños y sólo un 6 por ciento de varones. Entre las mujeres víctimas de la violencia familiar, la mayoría tiene más de 30 años (28 por ciento), seguidas por aquellas que tienen entre 20 a 29 años (20 por ciento).
En el aumento de las denuncias mucho tuvo que ver la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, que vino a dar amparo a todas las mujeres frente a los cuatro tipos de violencia que distingue: de índole física (la empleada para producir dolor, daño o riesgo de producirlo); la psicológica (que provoca el daño emocional o perjudica y perturba el desarrollo personal); la sexual (que implica vulnerar el derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas), y la económica y patrimonial, que provoca un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. “Gracias a esta ley, no sólo hablamos de violencia física sino de la patrimonial o de la psicológica. La ley demostró la decisión política del Estado y del Poder Ejecutivo para lograr la erradicación de la violencia de género”, asegura Mariana Gras Buscetto, subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres. Según las estadísticas de la Corte, la mayor parte de los casos denunciados involucra más de un tipo de violencia (en ambos sexos). El relevamiento sorprende: un 95 por ciento de los casos se corresponde con la violencia psicológica mientras que un 67 por ciento responde a episodios de violencia física. El 31 por cierto corresponde a violencia económica y un 13 por ciento a hechos relacionados con la violencia sexual.
En la provincia de Chubut, la Comisaría de la Mujer, a cargo de la policía provincial, es la encargada de atender las denuncias de mujeres maltratadas. La comisario jefa Cristina Latorre, titular de la Comisaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia, dijo a Veintitrés que “desde el 2005 se han ido incrementando las denuncias. Hoy en día las mujeres tienen un espacio donde ser atendidas. En cierta manera se les está yendo el miedo de no acercarse a denunciar los casos de violencia. Desde el 1º de enero a la fecha llevamos alrededor de 620 atenciones, no solamente por violencia física sino que hay muchas de índole psicológica y también las referidas a la violencia mediática: casos donde la persona ingresa a los correos personales de las víctimas o publica su número de teléfono para ofertarla públicamente o para desprestigiarla”.
La funcionaria explicó los alcances de su tarea: “Hacemos campaña de prevención, en las escuelas y asambleas vecinales. Al ser mujeres, sabemos escuchar: un elemento primordial para luego saber cuáles son los pasos legales a seguir. Sabemos que detrás de una denuncia hay una situación. Y respetamos la decisión de la víctima. Acá tenemos médicos, abogados y policías violentos. Una vez abordada la víctima, si vemos que se encuentra desequilibrada, le damos un servicio que depende del Poder Judicial. También contamos con la colaboración de la entidad municipal La Casa, un refugio donde alojamos a la mujeres que no tienen donde acudir”.
La necesidad de que la sociedad reconozca la vigencia y la validez de esta ley que defiende la integridad de género es una de las batallas culturales con las que se enfrentan las políticas públicas para la asistencia y erradicación del maltrato femenino. “Una mujer que sufre violencia siente vergüenza. Un hombre golpeador no tiene reparos en decirles a sus amigos ‘Le pegué un poco y se calmó’”, advierte Gras Buscetto, de la subsecretaría dependiente del Consejo Nacional de la Mujer. “La condena social también debe ser analizada porque cuando la mujer es golpeada se escuchan frases como ‘andá a saber qué hizo’.”
El informe estadístico del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de Mendoza, correspondiente al año 2010, refleja que el 28 por ciento de las personas que consultan en servicios públicos manifiestan haber vivido situaciones de violencia durante un período de 1 a 5 años y el 20 por ciento, entre 11 y 20 años de maltrato. “¿Por qué tardan tanto tiempo en pedir ayuda?”, se pregunta Dolores Alfonso, presidenta del Instituto de la Mujer mendocino. “Este transcurrir cíclico es lo que dificulta en muchas ocasiones que la mujer logre tomar decisiones sobre su situación, como pedir ayuda, o mantener dichas decisiones una vez tomadas. Sumado a esto, las mujeres sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro del hogar presentan una debilitación gradual de sus defensas físicas y psicológicas que les impiden poner límite a tal violencia. Asimismo, la naturalización social de comportamientos asimétricos entre varones y mujeres sostiene la dificultad de visualizar la gravedad de esta situación, no sólo por quien la padece sino por los entornos”, argumenta Alfonso.
En la provincia de Córdoba, durante el período 2006-2010, las denuncias por violencia familiar se incrementaron en un 51 por ciento hasta alcanzar el promedio de siete denuncias cada mil habitantes, según el Área de Investigación del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez. En la Dirección de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia recibieron a 237 víctimas y atendieron en ese lapso 3.000 llamados telefónicos para asesoramiento, contención y denuncias.
En la Secretaría de la Mujer de la provincia de Formosa, la violencia de género se cruza con un problema de índole social y cultural difícil de resolver. Una abogada de la secretaría, que prefirió no dar su nombre, dijo: “Al tribunal de familia de Formosa entraron alrededor de 80 denuncias mientras que en la secretaría, que no recibe denuncias, hubo más de 150 entrevistas personales de casos que aún no fueron judicializados. En Formosa capital las denuncias las puede hacer un tercero. Pero en el interior de la provincia no ocurre lo mismo. La violencia está muy naturalizada. Tanto el abuso físico como el sexual a mujeres menores de edad por parte de familiares masculinos son vistos como algo normal por todo el clan familiar. Para estos casos aún no tenemos respuestas, y la mayoría de las instituciones gubernamentales que intervienen en esas zonas tampoco las denuncian”.
Fuente: REVISTA Veintitrés
P.D.: la ONG Desafíos y compromisos no acuerda con el título otorgado a la nota, por razones legales DEBE respetarse dicho encabezado.
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